Santo Domingo.- La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, Vicky Chalas, emitió la primera sentencia a nivel nacional que aprueba la venta anticipada de bienes incautados, en el marco del proceso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Guepardo.
La decisión se tomó tras aceptar la solicitud presentada por los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PEPCA), junto con la fiscal Mayerling Rondón de La Romana.
Los bienes corresponden a la empresa Novasco Real Estate SRL, vinculada a los principales líderes de la red, entre ellos Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia y pendiente de extradición. Según el Ministerio Público, la venta anticipada busca preservar los bienes —como materiales de construcción y equipos de oficina— para evitar su deterioro. Los fondos obtenidos se depositarán en una cuenta estatal y se destinarán a resarcir a las víctimas una vez que un tribunal confirme el decomiso definitivo.
La sentencia se ampara en el Artículo 69 de la Ley 60-23, que regula la administración de bienes incautados y establece el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Entre los bienes a subastar se encuentran inmuebles, mezcladoras, cemento, varillas, maquinaria, equipos de oficina y aires acondicionados utilizados en proyectos simulados como Romana Victoriana Residences.
La investigación reveló que la organización promovía proyectos inmobiliarios ficticios, captando inversores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, bajo la apariencia de la empresa internacional RE/MAX, recibiendo un total de US$18,851,583.12.
Actualmente, los principales imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya cumplen 18 meses de prisión preventiva. Recientemente también fueron arrestados y puestos bajo un año de prisión preventiva Loana Paola Guerrero Milián (contable de Novasco Real Estate), Javier Gustavo Ulloa Bueno (abogado de la empresa), Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto (masters brokers).
El Ministerio Público señala que los acusados enfrentan cargos por estafa, asociación de malhechores, crímenes de alta tecnología y lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la Ley 155-17.
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